Ciudad de México, 26 de octubre de 2023. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los organismos que lo integran, externamos nuestra preocupación por el grave impacto generalizado que tiene en las cadenas productivas el decreto publicado el pasado 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, sobre las medidas para el combate al mercado ilícito de combustibles, relacionadas con la importación de mercancías reguladas por la Secretaría de Energía.
Si bien el sector privado reconoce los esfuerzos que han hecho las autoridades para combatir el mercado ilícito de combustibles, la comunidad empresarial realiza importaciones constantes de productos que no se producen en el país o cuyo abasto es insuficiente, con el propósito de continuar siendo un proveedor confiable para las diferentes industrias establecidas en México, así como para la fabricación de los productos que exportamos al extranjero.
En este sentido, y dado que el decreto establece medidas no arancelarias desproporcionadas para el comercio internacional de los materiales mencionados en el documento, además de tiempos excesivos para la revisión y autorización de las solicitudes y avisos, estas restricciones afectan considerablemente la integración de las cadenas de valor, lo que está provocando un enorme daño a los sectores clave de la industria nacional.
Entre los principales sectores que ya enfrentan un desabasto de materias primas y que verán afectada su producción en México y su capacidad de exportación, se encuentran los siguientes: lubricantes y aditivos, resinas sintéticas y plásticos, automotriz, fibras sintéticas y textiles, jabones y detergentes, hules, llantas y mangueras, amoniaco y fertilizantes, manufacturas eléctricas y componentes para equipos médicos, entre otros.
El decreto, además de generar graves distorsiones en múltiples cadenas productivas, afecta el suministro de productos e insumos para otras industrias que usan químicos y lubricantes para su operación, pone en riesgo inversiones realizadas en terminales hechas para importar ciertos productos, desestabiliza el mercado y deja a las empresas privadas sin capacidad para operar correctamente en el país.
Desde el sector empresarial, consideramos que este decreto envía un mensaje negativo para la inversión de empresas globales que buscan relocalizar sus operaciones en México, mermando el crecimiento económico del país y nuestro prestigio como exportador a nivel mundial. Es por ello, que hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y a las autoridades en la materia, para dialogar y encontrar juntos medidas más eficaces y menos dañinas para la industria.
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