Ciudad de México, 29 de junio de 2023. En el marco del anuncio publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que la Secretaría de Economía dio cuenta de que este año trabajará en la cancelación de 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de Salud Pública, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresa su preocupación por esta decisión, que impacta directamente en la salud de los mexicanos y en la calidad de los servicios de atención médica, debido a que las NOM establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los productos, procesos, servicios y sistemas de gestión, con el fin de garantizar la calidad, seguridad y eficacia en el ámbito de la salud pública en México.
Las NOM fungen como una guía para que todo médico y hospital, público y privado, utilicen procedimientos basados en las mejores prácticas para tratar diversos padecimientos y enfermedades. Estas normas -cuya elaboración, aprobación e implementación le lleva a los expertos al menos 5 años- son la base de las políticas públicas de salud en nuestro país, y su derogación podría generar un vacío legal en la regulación de los productos y servicios de atención médica.
La Iniciativa Privada de México hace un llamado a las autoridades del sector salud para privilegiar el diálogo y abrir espacios de interlocución en el que participen la academia, las asociaciones de pacientes y colegios médicos a nivel nacional, así como la industria del sector privado, para analizar juntos la mejor ruta para garantizar el acceso a los tratamientos más efectivos y de calidad para las y los mexicanos, a fin de fortalecer los procesos de evaluación y seguimiento de las NOM.
El sector privado reafirma su convicción de que, tanto el diálogo como el aprovechamiento de la experiencia en todos los ámbitos, es el mejor camino para construir marcos y políticas públicas eficaces y que protejan la salud de las y los mexicanos. Asimismo, reitera su apoyo, en la medida que las autoridades sanitarias consideren, para facilitar el proceso de actualización de estas 35 Normas –y todas aquellas que lo requieran– y asegurar la observancia de las mejores prácticas y reglas en el sistema nacional de salud, en favor los pacientes, así como de sus cuidadores.
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